divendres, 30 de març del 2012
dimarts, 20 de març del 2012
El menyspreu del treballador/a públic/a
El desprecio político al funcionariado
Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública
FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
(Publicat el dia 15-01-12 a "La Nueva España")
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública
FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
(Publicat el dia 15-01-12 a "La Nueva España")
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
dimecres, 14 de març del 2012
Convocatòria d'assemblea el dijous 22 de març a les 13:45 h
Hola a tothom!
El proper dijous 22 de març es convoca una assemblea de treballadors i treballadores de l'Ajuntament de la Garriga per parlar de la recent refoma laboral aprovada pel govern de l'Estat, de com afecta el sector públic i de la propera vaga general del dia 29. Us animem a participar-hi i a lluitar, tots i totes, pels nostres drets laborals!
Aquí teniu l'enllaç a un power point sobre la reforma laboral.
ASSEMBLEA DE TREBALLADORS/ES DE L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Dijous 22 de març
A les 13:45 h
A la Sala de Plens
Salut!
El proper dijous 22 de març es convoca una assemblea de treballadors i treballadores de l'Ajuntament de la Garriga per parlar de la recent refoma laboral aprovada pel govern de l'Estat, de com afecta el sector públic i de la propera vaga general del dia 29. Us animem a participar-hi i a lluitar, tots i totes, pels nostres drets laborals!
Aquí teniu l'enllaç a un power point sobre la reforma laboral.
ASSEMBLEA DE TREBALLADORS/ES DE L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Dijous 22 de març
A les 13:45 h
A la Sala de Plens
Salut!
Acta de la reunió ordinària del Comitè Unitari del dia 13-03-12
Dia: 13 de març de 2012
Hora: 13:00 h
Lloc: Local del Comitè, Can Mora
Amb l’assistència d’Esther Campos, Rafa Bernabé, Laia Vidal, Xavi González, Cristina Comere, Ricard Andrés, Sílvia Segura, Enric Costa, Paula Trallero, Adela Poch i Anna Soley.
Es reuneix el Comitè Unitari per tractar l’ordre del dia següent:
1. Nou local de polítiques socials
2. Hores extres
3. Què fer amb la informació que arriba d’empreses i mútues pels treballadors
4. Fons social
5. Repartiment de tasques per a les suplències
6. Reglament de Formació
7. Vaga 29 de març
Després de discutir-ho, es prenen els acords següents:
1. Nou local de polítiques socials
Cal mirar si compleix la normativa.
S’acorda que es passarà a salut laboral. L’empresa anterior havia dit quines mesures s’havien de prendre. L’empresa nova cal que enviï els tècnics per comprovar que s’han adoptat les mesures que es van establir i remarcar que cal que revisin la llum.
S’informa que els extintors de Can Raspall s’instal•laran aquesta mateixa setmana.
2. Hores extres
S’ha tractat el tema de les hores extres i s’ha acordat que el comitè parlarà i demanarà informació a les àrees implicades.
És un tema que es portarà a paritària.
3. Què fer amb la informació que arriba d’empreses i mútues pels treballadors
Actualment quan una empresa o mútua vol informar als treballadors d’ofertes de pòlisses, des de Recursos Humans ho deriven al comitè.
S’acorda que el comitè d’empresa no ha d’incidir en aquest aspecte i es demana que sigui Recursos Humans que s’encarregui d’estudiar què fer-ne i com fer-ho arribar als treballadors.
4. Fons social
Es comenten diferents aspectes del fons social:
- El reglament demana factures i molta gent presenta rebuts. S’acorda que si els rebuts porten el segell i el NIF s’acceptaran.
- Transport: s’acorda que com diu el reglament, si no hi ha el full d’empadronament no es pagarà el transport.
- Es solucionen dubtes concrets d’alguns treballadors de l’Ajuntament.
- El dia 26 de març el fons social es portarà a la paritària
5. Repartiment de tasques per a les suplències
Es demanarà a la paritària que, un cop decidit, es passi per escrit les noves tasques que es demanen als treballadors.
6. Reglament de Formació
Com que part de la gent que hi ha al fons social, és l’encarregada del Reglament de Formació, s’acorda que un cop acabat el fons social es posarà amb el reglament.
7. Vaga del 29 de març
S’acorda que un tema a portar a la paritària serà què es farà amb els diners que es descomptaran als treballadors que facin vaga.
S’acorda que la setmana abans de la vaga es convocarà una assemblea per informar als treballadors.
Hora: 13:00 h
Lloc: Local del Comitè, Can Mora
Amb l’assistència d’Esther Campos, Rafa Bernabé, Laia Vidal, Xavi González, Cristina Comere, Ricard Andrés, Sílvia Segura, Enric Costa, Paula Trallero, Adela Poch i Anna Soley.
Es reuneix el Comitè Unitari per tractar l’ordre del dia següent:
1. Nou local de polítiques socials
2. Hores extres
3. Què fer amb la informació que arriba d’empreses i mútues pels treballadors
4. Fons social
5. Repartiment de tasques per a les suplències
6. Reglament de Formació
7. Vaga 29 de març
Després de discutir-ho, es prenen els acords següents:
1. Nou local de polítiques socials
Cal mirar si compleix la normativa.
S’acorda que es passarà a salut laboral. L’empresa anterior havia dit quines mesures s’havien de prendre. L’empresa nova cal que enviï els tècnics per comprovar que s’han adoptat les mesures que es van establir i remarcar que cal que revisin la llum.
S’informa que els extintors de Can Raspall s’instal•laran aquesta mateixa setmana.
2. Hores extres
S’ha tractat el tema de les hores extres i s’ha acordat que el comitè parlarà i demanarà informació a les àrees implicades.
És un tema que es portarà a paritària.
3. Què fer amb la informació que arriba d’empreses i mútues pels treballadors
Actualment quan una empresa o mútua vol informar als treballadors d’ofertes de pòlisses, des de Recursos Humans ho deriven al comitè.
S’acorda que el comitè d’empresa no ha d’incidir en aquest aspecte i es demana que sigui Recursos Humans que s’encarregui d’estudiar què fer-ne i com fer-ho arribar als treballadors.
4. Fons social
Es comenten diferents aspectes del fons social:
- El reglament demana factures i molta gent presenta rebuts. S’acorda que si els rebuts porten el segell i el NIF s’acceptaran.
- Transport: s’acorda que com diu el reglament, si no hi ha el full d’empadronament no es pagarà el transport.
- Es solucionen dubtes concrets d’alguns treballadors de l’Ajuntament.
- El dia 26 de març el fons social es portarà a la paritària
5. Repartiment de tasques per a les suplències
Es demanarà a la paritària que, un cop decidit, es passi per escrit les noves tasques que es demanen als treballadors.
6. Reglament de Formació
Com que part de la gent que hi ha al fons social, és l’encarregada del Reglament de Formació, s’acorda que un cop acabat el fons social es posarà amb el reglament.
7. Vaga del 29 de març
S’acorda que un tema a portar a la paritària serà què es farà amb els diners que es descomptaran als treballadors que facin vaga.
S’acorda que la setmana abans de la vaga es convocarà una assemblea per informar als treballadors.
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