divendres, 30 de març del 2012
dimarts, 20 de març del 2012
El menyspreu del treballador/a públic/a
El desprecio político al funcionariado
Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública
FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
(Publicat el dia 15-01-12 a "La Nueva España")
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública
FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
(Publicat el dia 15-01-12 a "La Nueva España")
Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
dimecres, 14 de març del 2012
Convocatòria d'assemblea el dijous 22 de març a les 13:45 h
Hola a tothom!
El proper dijous 22 de març es convoca una assemblea de treballadors i treballadores de l'Ajuntament de la Garriga per parlar de la recent refoma laboral aprovada pel govern de l'Estat, de com afecta el sector públic i de la propera vaga general del dia 29. Us animem a participar-hi i a lluitar, tots i totes, pels nostres drets laborals!
Aquí teniu l'enllaç a un power point sobre la reforma laboral.
ASSEMBLEA DE TREBALLADORS/ES DE L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Dijous 22 de març
A les 13:45 h
A la Sala de Plens
Salut!
El proper dijous 22 de març es convoca una assemblea de treballadors i treballadores de l'Ajuntament de la Garriga per parlar de la recent refoma laboral aprovada pel govern de l'Estat, de com afecta el sector públic i de la propera vaga general del dia 29. Us animem a participar-hi i a lluitar, tots i totes, pels nostres drets laborals!
Aquí teniu l'enllaç a un power point sobre la reforma laboral.
ASSEMBLEA DE TREBALLADORS/ES DE L'AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Dijous 22 de març
A les 13:45 h
A la Sala de Plens
Salut!
Acta de la reunió ordinària del Comitè Unitari del dia 13-03-12
Dia: 13 de març de 2012
Hora: 13:00 h
Lloc: Local del Comitè, Can Mora
Amb l’assistència d’Esther Campos, Rafa Bernabé, Laia Vidal, Xavi González, Cristina Comere, Ricard Andrés, Sílvia Segura, Enric Costa, Paula Trallero, Adela Poch i Anna Soley.
Es reuneix el Comitè Unitari per tractar l’ordre del dia següent:
1. Nou local de polítiques socials
2. Hores extres
3. Què fer amb la informació que arriba d’empreses i mútues pels treballadors
4. Fons social
5. Repartiment de tasques per a les suplències
6. Reglament de Formació
7. Vaga 29 de març
Després de discutir-ho, es prenen els acords següents:
1. Nou local de polítiques socials
Cal mirar si compleix la normativa.
S’acorda que es passarà a salut laboral. L’empresa anterior havia dit quines mesures s’havien de prendre. L’empresa nova cal que enviï els tècnics per comprovar que s’han adoptat les mesures que es van establir i remarcar que cal que revisin la llum.
S’informa que els extintors de Can Raspall s’instal•laran aquesta mateixa setmana.
2. Hores extres
S’ha tractat el tema de les hores extres i s’ha acordat que el comitè parlarà i demanarà informació a les àrees implicades.
És un tema que es portarà a paritària.
3. Què fer amb la informació que arriba d’empreses i mútues pels treballadors
Actualment quan una empresa o mútua vol informar als treballadors d’ofertes de pòlisses, des de Recursos Humans ho deriven al comitè.
S’acorda que el comitè d’empresa no ha d’incidir en aquest aspecte i es demana que sigui Recursos Humans que s’encarregui d’estudiar què fer-ne i com fer-ho arribar als treballadors.
4. Fons social
Es comenten diferents aspectes del fons social:
- El reglament demana factures i molta gent presenta rebuts. S’acorda que si els rebuts porten el segell i el NIF s’acceptaran.
- Transport: s’acorda que com diu el reglament, si no hi ha el full d’empadronament no es pagarà el transport.
- Es solucionen dubtes concrets d’alguns treballadors de l’Ajuntament.
- El dia 26 de març el fons social es portarà a la paritària
5. Repartiment de tasques per a les suplències
Es demanarà a la paritària que, un cop decidit, es passi per escrit les noves tasques que es demanen als treballadors.
6. Reglament de Formació
Com que part de la gent que hi ha al fons social, és l’encarregada del Reglament de Formació, s’acorda que un cop acabat el fons social es posarà amb el reglament.
7. Vaga del 29 de març
S’acorda que un tema a portar a la paritària serà què es farà amb els diners que es descomptaran als treballadors que facin vaga.
S’acorda que la setmana abans de la vaga es convocarà una assemblea per informar als treballadors.
Hora: 13:00 h
Lloc: Local del Comitè, Can Mora
Amb l’assistència d’Esther Campos, Rafa Bernabé, Laia Vidal, Xavi González, Cristina Comere, Ricard Andrés, Sílvia Segura, Enric Costa, Paula Trallero, Adela Poch i Anna Soley.
Es reuneix el Comitè Unitari per tractar l’ordre del dia següent:
1. Nou local de polítiques socials
2. Hores extres
3. Què fer amb la informació que arriba d’empreses i mútues pels treballadors
4. Fons social
5. Repartiment de tasques per a les suplències
6. Reglament de Formació
7. Vaga 29 de març
Després de discutir-ho, es prenen els acords següents:
1. Nou local de polítiques socials
Cal mirar si compleix la normativa.
S’acorda que es passarà a salut laboral. L’empresa anterior havia dit quines mesures s’havien de prendre. L’empresa nova cal que enviï els tècnics per comprovar que s’han adoptat les mesures que es van establir i remarcar que cal que revisin la llum.
S’informa que els extintors de Can Raspall s’instal•laran aquesta mateixa setmana.
2. Hores extres
S’ha tractat el tema de les hores extres i s’ha acordat que el comitè parlarà i demanarà informació a les àrees implicades.
És un tema que es portarà a paritària.
3. Què fer amb la informació que arriba d’empreses i mútues pels treballadors
Actualment quan una empresa o mútua vol informar als treballadors d’ofertes de pòlisses, des de Recursos Humans ho deriven al comitè.
S’acorda que el comitè d’empresa no ha d’incidir en aquest aspecte i es demana que sigui Recursos Humans que s’encarregui d’estudiar què fer-ne i com fer-ho arribar als treballadors.
4. Fons social
Es comenten diferents aspectes del fons social:
- El reglament demana factures i molta gent presenta rebuts. S’acorda que si els rebuts porten el segell i el NIF s’acceptaran.
- Transport: s’acorda que com diu el reglament, si no hi ha el full d’empadronament no es pagarà el transport.
- Es solucionen dubtes concrets d’alguns treballadors de l’Ajuntament.
- El dia 26 de març el fons social es portarà a la paritària
5. Repartiment de tasques per a les suplències
Es demanarà a la paritària que, un cop decidit, es passi per escrit les noves tasques que es demanen als treballadors.
6. Reglament de Formació
Com que part de la gent que hi ha al fons social, és l’encarregada del Reglament de Formació, s’acorda que un cop acabat el fons social es posarà amb el reglament.
7. Vaga del 29 de març
S’acorda que un tema a portar a la paritària serà què es farà amb els diners que es descomptaran als treballadors que facin vaga.
S’acorda que la setmana abans de la vaga es convocarà una assemblea per informar als treballadors.
dimecres, 22 de febrer del 2012
Acta de la reunió ordinària del Comitè Unitari del dia 06-02-12
Dia: 6 de febrer de 2012
Hora: 13:00 h
Lloc: Local del Comitè, Can Mora
Amb l’assistència d’Esther Campos, Rafa Bernabé, Laia Vidal, Xavi González, Cristina Comere, Ricard Andrés, Sílvia Segura, Enric Costa, Juanma Garcia, Paula Trallero i Anna Soley.
Es reuneix el Comitè Unitari per tractar l’ordre del dia següent:
1. Fons social
2. Informar de l’última reunió de la paritària
3. Informar de la Comissió de salut laboral
4. Reglament de Formació
Després de discutir-ho, es prenen els acords següents:
1. Fons social
Sobre el fons social s’explica que s’ha repartit una graella per àrea i que els responsables de cada àrea ho han de fer signar als treballadors. També s’ha enviat un correu electrònic a la gent que té mail.
2. Informar de l’última reunió de la paritària
Sobre la reunió de la paritària s’informa del següent:
- Reglament del fons social: es va revisar i ja està bé.
- Cal acabar el Reglament d’indemnitzacions.
- Cal engegar el Reglament de formació.
- Es va informar que la gent de Can Mora aniran a l’Ajuntament. Per tant, cal que ens diguin a quin lloc s’ubicarà el comitè.
- Sobre el local/espai de la policia, s’informa que si s’aprova el PUOSC 2012, en un termini de 5 anys tindran un espai nou.
- Bestretes: Els treballadors que demanen bestretes, últimament se’ls hi demana que expliquin el motiu. Des del comitè es valora que els motius són personals i que no s’ha de donar cap més explicació.
- Absències: els dos primers dies no cal portar cap justificant del metge, el que es farà és un full d’absències perquè ho signi el cap.
- Permís per exàmens finals: si són oficials i donen accés a un títol acadèmic existeix permís per tot el dia.
3. Informar de la Comissió de salut laboral
Es va fer un simulacre d’incendi a l’EME i també se n’ha de fer un a la biblioteca, se’n farà un cada dos mesos. També hi ha una previsió de fer simulacres a les escoles.
Sobre el tema de l’escalfador de la brigada: n’estan al cas i el posaran en breu
S’informa que cal mirar els extintors de Can Raspall. La instal•lació ja està recepcionada i cal mirar-los.
4. Reglament de formació
La comissió encarregada es posarà a treballar amb el Reglament de formació
Altres:
- Cal unificar els criteris i saber si s’han de compensar les hores que no es van fer per la nevada. L’ordre que, des de l’Ajuntament, es va donar va ser de tancar i de que els treballadors no anessin al seu lloc de treball, en cap moment es va dir que s’havien de compensar.
La comissió de contractació parlarà amb la Teresa Salvador i demanarà un llistat de com es repartiran les feines de les persones que no es supleixen, així com un llistat de tasques que han de fer les persones que deixen de ser coordinadors i de les que han de fer els caps de servei.
Hora: 13:00 h
Lloc: Local del Comitè, Can Mora
Amb l’assistència d’Esther Campos, Rafa Bernabé, Laia Vidal, Xavi González, Cristina Comere, Ricard Andrés, Sílvia Segura, Enric Costa, Juanma Garcia, Paula Trallero i Anna Soley.
Es reuneix el Comitè Unitari per tractar l’ordre del dia següent:
1. Fons social
2. Informar de l’última reunió de la paritària
3. Informar de la Comissió de salut laboral
4. Reglament de Formació
Després de discutir-ho, es prenen els acords següents:
1. Fons social
Sobre el fons social s’explica que s’ha repartit una graella per àrea i que els responsables de cada àrea ho han de fer signar als treballadors. També s’ha enviat un correu electrònic a la gent que té mail.
2. Informar de l’última reunió de la paritària
Sobre la reunió de la paritària s’informa del següent:
- Reglament del fons social: es va revisar i ja està bé.
- Cal acabar el Reglament d’indemnitzacions.
- Cal engegar el Reglament de formació.
- Es va informar que la gent de Can Mora aniran a l’Ajuntament. Per tant, cal que ens diguin a quin lloc s’ubicarà el comitè.
- Sobre el local/espai de la policia, s’informa que si s’aprova el PUOSC 2012, en un termini de 5 anys tindran un espai nou.
- Bestretes: Els treballadors que demanen bestretes, últimament se’ls hi demana que expliquin el motiu. Des del comitè es valora que els motius són personals i que no s’ha de donar cap més explicació.
- Absències: els dos primers dies no cal portar cap justificant del metge, el que es farà és un full d’absències perquè ho signi el cap.
- Permís per exàmens finals: si són oficials i donen accés a un títol acadèmic existeix permís per tot el dia.
3. Informar de la Comissió de salut laboral
Es va fer un simulacre d’incendi a l’EME i també se n’ha de fer un a la biblioteca, se’n farà un cada dos mesos. També hi ha una previsió de fer simulacres a les escoles.
Sobre el tema de l’escalfador de la brigada: n’estan al cas i el posaran en breu
S’informa que cal mirar els extintors de Can Raspall. La instal•lació ja està recepcionada i cal mirar-los.
4. Reglament de formació
La comissió encarregada es posarà a treballar amb el Reglament de formació
Altres:
- Cal unificar els criteris i saber si s’han de compensar les hores que no es van fer per la nevada. L’ordre que, des de l’Ajuntament, es va donar va ser de tancar i de que els treballadors no anessin al seu lloc de treball, en cap moment es va dir que s’havien de compensar.
La comissió de contractació parlarà amb la Teresa Salvador i demanarà un llistat de com es repartiran les feines de les persones que no es supleixen, així com un llistat de tasques que han de fer les persones que deixen de ser coordinadors i de les que han de fer els caps de servei.
Acta de la reunió de la comissió de Contractació del dia 8 de febrer de 2012
Data: 08/02/2012
Horari: 09.45 -11.00 h
Lloc: Oficina RRHH
Assistents:
- Teresa Salvador
- Ester Campos
- Juanma Garcia
- Ricard Andrés
Els temes tractats a la reunió han estat els següents:
1) Ens informen que a data d’avui no ha arribat l’oferta formativa de la Diputació de Barcelona
2) En referència a les substitucions del personal per aquest any, l’equip de govern està elaborant un protocol de prioritats dels serveis que es consideren que per la seva complexitat tècnica i/o per la necessitat d’atenció ciutadana directa són susceptibles de substitució pel bon funcionament, tal i com han elaborat altres ajuntaments. La comissió de contractació (comitè), assenyala que es tinguin en compte alguns punts i s’adjunta el document. Fins que no estigui elaborat l’esmentat document no queda clar com es solucionaran les substitucions dels permisos de maternitat.
3) Ens informen que un treballador ha sol•licitat l’alliberació d’hores per qüestions de nou càrrec sindical.
4) Des del comitè se sol•licita si s’ha donat la relació de les noves funcions del personal que ha deixat de ser coordinador, i ens informen que els caps de serveis estan fent les reunions pertinents amb el personal que està al seu càrrec.
5) Es parla de la intenció que un treballador porti les tasques de la gestió de manteniment de tots els equipaments municipals excepte la Casa Consistorial i el magatzem de la brigada. Des del Comitè, prèviament a l’aprovació del Pressupost, s’havia dit que creien que en aquest lloc calia fer una promoció interna perquè la persona que ocupa aquest lloc de treball estava desenvolupant una sèrie de funcions que no corresponien a la fitxa del lloc de treball. Per part, de l’ajuntament s’està elaborant les funcions d’aquest lloc de treball i des del comitè se sol•licita que caldria convocar l’Òrgan tècnic de valoració perquè es tracta d’un nou lloc de treball.
6) Es tracta la qüestió de la nevada del dijous, que des de l’ajuntament es va sol•licitar que els centres escolars i els pavellons esportius s’havien de tancar, i ara es demana als treballadors afectats que recuperin les hores no realitzades. Per tant, des del comitè es diu que no és correcte i aquest personal no ha de recuperar-les. RRHH comenta que passarà la qüestió a la reunió de Gerència i ja ens dirà què s’ha decidit al respecte, i arrel d’aquestes situacions per causes meteorològiques es creu convenient fer un protocol d’actuació i gestió del personal d’aquest ajuntament.
7) S’acorda que la propera reunió serà el dimecres 29 de febrer a les 9.30 hores, si abans no hi ha cap tema urgent.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 11.00 h.
Horari: 09.45 -11.00 h
Lloc: Oficina RRHH
Assistents:
- Teresa Salvador
- Ester Campos
- Juanma Garcia
- Ricard Andrés
Els temes tractats a la reunió han estat els següents:
1) Ens informen que a data d’avui no ha arribat l’oferta formativa de la Diputació de Barcelona
2) En referència a les substitucions del personal per aquest any, l’equip de govern està elaborant un protocol de prioritats dels serveis que es consideren que per la seva complexitat tècnica i/o per la necessitat d’atenció ciutadana directa són susceptibles de substitució pel bon funcionament, tal i com han elaborat altres ajuntaments. La comissió de contractació (comitè), assenyala que es tinguin en compte alguns punts i s’adjunta el document. Fins que no estigui elaborat l’esmentat document no queda clar com es solucionaran les substitucions dels permisos de maternitat.
3) Ens informen que un treballador ha sol•licitat l’alliberació d’hores per qüestions de nou càrrec sindical.
4) Des del comitè se sol•licita si s’ha donat la relació de les noves funcions del personal que ha deixat de ser coordinador, i ens informen que els caps de serveis estan fent les reunions pertinents amb el personal que està al seu càrrec.
5) Es parla de la intenció que un treballador porti les tasques de la gestió de manteniment de tots els equipaments municipals excepte la Casa Consistorial i el magatzem de la brigada. Des del Comitè, prèviament a l’aprovació del Pressupost, s’havia dit que creien que en aquest lloc calia fer una promoció interna perquè la persona que ocupa aquest lloc de treball estava desenvolupant una sèrie de funcions que no corresponien a la fitxa del lloc de treball. Per part, de l’ajuntament s’està elaborant les funcions d’aquest lloc de treball i des del comitè se sol•licita que caldria convocar l’Òrgan tècnic de valoració perquè es tracta d’un nou lloc de treball.
6) Es tracta la qüestió de la nevada del dijous, que des de l’ajuntament es va sol•licitar que els centres escolars i els pavellons esportius s’havien de tancar, i ara es demana als treballadors afectats que recuperin les hores no realitzades. Per tant, des del comitè es diu que no és correcte i aquest personal no ha de recuperar-les. RRHH comenta que passarà la qüestió a la reunió de Gerència i ja ens dirà què s’ha decidit al respecte, i arrel d’aquestes situacions per causes meteorològiques es creu convenient fer un protocol d’actuació i gestió del personal d’aquest ajuntament.
7) S’acorda que la propera reunió serà el dimecres 29 de febrer a les 9.30 hores, si abans no hi ha cap tema urgent.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 11.00 h.
La reforma laboral segons el col·lectiu "Jueces para la democracia"
Jueces para la Democracia ante la Reforma Laboral
Jueces para la Democracia considera que el contenido del Real Decreto Ley 3/2.012, de medias urgentes para la reforma del mercado laboral constituye uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores y materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta.
Se adopta de nuevo a través de Real Decreto Ley, sin previa negociación con los agentes sociales, sobre la base de una urgencia que no es posible relacionar con unos objetivos a los que no puede hacer frente, y que se utilizan para atacar a la esencia misma del derecho del trabajo, intentando despojarle del carácter tuitivo y compensador del tradicional desequilibrio entre las partes de la relación de trabajo.
La reforma laboral introducida por Ley 35/2010 y la posterior Ley 27/2011 en materia de Seguridad Social fueron la antesala a las que ahora se adoptan, pese a que, planteadas como imprescindibles para la creación de empleo y la supervivencia del sistema de protección, no sólo no han generado empleo, sino que han contribuido a su imparable destrucción, agravando la situación que padecemos, producto de la incapacidad de ajustar la economía al empobrecimiento derivado de la crisis bursátil, del desplome de la burbuja inmobiliaria y del imparable avance de la economía sumergida.
Las reformas en materia de Seguridad Social han supuesto un sustancial avance hacia la consolidación de la progresiva reducción del sistema público de protección social.
La norma, en mayor medida que sus antecesoras, otorga a los empresarios la facultad de disposición cuasi absoluta de la prestación laboral y modifica las recientes atribuciones competenciales en materia de extinción contractual. La empresa pasa a ser el ámbito preferente de negociación de las condiciones de trabajo y con ello el empresario protagoniza su establecimiento y modificación, con la consiguiente debilitación de la obligada interlocución con los trabajadores o sus representantes para la adopción de medidas que la habían exigido, relegando al mismo tiempo el papel de la Administración.
Si anteriores reformas laborales incidieron en la reducción de prestaciones y de retribuciones en la Administración Pública , la reforma actual introduce los elementos necesarios para el reajuste retributivo y de condiciones de trabajo en el sector privado a través de las facultades de modificación de la retribución pactada o las posibilidades de descuelgue, no sólo salarial, sino de la integridad del convenio, limitando la ultra-actividad de su contenido (el Estado niega el acuerdo y voluntad de las partes) y profundiza en la desigualdad entre los sujetos del contrato de trabajo, debilitando paralelamente el papel compensador que constitucionalmente se ha atribuido a los Sindicatos y a la negociación colectiva.
La tutela normativa que había venido otorgándose al trabajador se mercantiliza desde el acceso al empleo, “descentralizándose” en las ETT la colocación, que debía ser la actividad preferente de un servicio público de empleo. Como paliativo al sangrante incremento del desempleo joven se modifica la contratación para la formación y aprendizaje, tradicionalmente concebida para el acceso al trabajo de trabajadores jóvenes, compatibilizando trabajo y formación.
El nuevo “contrato indefinido de apoyo a los emprendedores” desvirtúa la propia finalidad del período de prueba, al fijarlo en un año de duración, reconvirtiéndolo en un contrato a término.
La reforma refuerza el poder unilateral del empresario para modificar cambios de puesto de trabajo, distribución de jornada y movilidad geográfica; modifica el contenido de los acuerdos que se establecieron en los pactos individuales y colectivos (salario, jornada...) lo que puede provocar la sangrante opción de muchos trabajadores entre ver reducida su retribución y la protección social futura o engrosar la estadística de desempleados, sin garantía de recuperación de las condiciones de aquella transacción si posteriormente el empleador decide extinguir contratos tras nueve meses de disminución de ingresos o ventas.
La nueva regulación pretende limitar, una vez más, las facultades del juzgador para valorar la finalidad y/o razonabilidad de la extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, eliminando los elementos de causalidad finalista, cuando la empresa alegue disminución de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, ello limitará la tutela judicial ante el despido y desincentivará el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales.
Esta nueva degradación de la causalidad en el despido, junto a la introducida por el nuevo contrato “indefinido para emprendedores” y a la supresión de la autorización administrativa en despidos colectivos, es contraria al derecho constitucional al trabajo que consagra el art. 35 de la Constitución Española que, como ha recordado el Tribunal Constitucional, integra el derecho a no ser despedido sin justa causa, lo que nos sitúa también al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio 158 de la OIT.
La reforma introducida por Real Decreto Ley 3/2012, como la anterior contenida en la Ley 35/2010 y las que a esta sucedieron, no servirá para crear empleo estable, no combatirá la dualidad del mercado de trabajo e introduce un peligroso desequilibrio entre las partes de la relación laboral, poniendo en peligro la existencia misma del Derecho del Trabajo y la de los valores constitucionales de los que ha venido nutriéndose.
Nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario. Seguiremos sin duda en esa línea, obviando las muestras de desconfianza del legislador materializadas en las reformas introducidas a la ley procesal, aún desde la insostenible carga de trabajo que estamos soportando.
16 de febrero de 2012
El Secretariado de JpD
Jueces para la Democracia
jpd@juecesdemocracia.es
http://www.juecesdemocracia.es
Jueces para la Democracia considera que el contenido del Real Decreto Ley 3/2.012, de medias urgentes para la reforma del mercado laboral constituye uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores y materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta.
Se adopta de nuevo a través de Real Decreto Ley, sin previa negociación con los agentes sociales, sobre la base de una urgencia que no es posible relacionar con unos objetivos a los que no puede hacer frente, y que se utilizan para atacar a la esencia misma del derecho del trabajo, intentando despojarle del carácter tuitivo y compensador del tradicional desequilibrio entre las partes de la relación de trabajo.
La reforma laboral introducida por Ley 35/2010 y la posterior Ley 27/2011 en materia de Seguridad Social fueron la antesala a las que ahora se adoptan, pese a que, planteadas como imprescindibles para la creación de empleo y la supervivencia del sistema de protección, no sólo no han generado empleo, sino que han contribuido a su imparable destrucción, agravando la situación que padecemos, producto de la incapacidad de ajustar la economía al empobrecimiento derivado de la crisis bursátil, del desplome de la burbuja inmobiliaria y del imparable avance de la economía sumergida.
Las reformas en materia de Seguridad Social han supuesto un sustancial avance hacia la consolidación de la progresiva reducción del sistema público de protección social.
La norma, en mayor medida que sus antecesoras, otorga a los empresarios la facultad de disposición cuasi absoluta de la prestación laboral y modifica las recientes atribuciones competenciales en materia de extinción contractual. La empresa pasa a ser el ámbito preferente de negociación de las condiciones de trabajo y con ello el empresario protagoniza su establecimiento y modificación, con la consiguiente debilitación de la obligada interlocución con los trabajadores o sus representantes para la adopción de medidas que la habían exigido, relegando al mismo tiempo el papel de la Administración.
Si anteriores reformas laborales incidieron en la reducción de prestaciones y de retribuciones en la Administración Pública , la reforma actual introduce los elementos necesarios para el reajuste retributivo y de condiciones de trabajo en el sector privado a través de las facultades de modificación de la retribución pactada o las posibilidades de descuelgue, no sólo salarial, sino de la integridad del convenio, limitando la ultra-actividad de su contenido (el Estado niega el acuerdo y voluntad de las partes) y profundiza en la desigualdad entre los sujetos del contrato de trabajo, debilitando paralelamente el papel compensador que constitucionalmente se ha atribuido a los Sindicatos y a la negociación colectiva.
La tutela normativa que había venido otorgándose al trabajador se mercantiliza desde el acceso al empleo, “descentralizándose” en las ETT la colocación, que debía ser la actividad preferente de un servicio público de empleo. Como paliativo al sangrante incremento del desempleo joven se modifica la contratación para la formación y aprendizaje, tradicionalmente concebida para el acceso al trabajo de trabajadores jóvenes, compatibilizando trabajo y formación.
El nuevo “contrato indefinido de apoyo a los emprendedores” desvirtúa la propia finalidad del período de prueba, al fijarlo en un año de duración, reconvirtiéndolo en un contrato a término.
La reforma refuerza el poder unilateral del empresario para modificar cambios de puesto de trabajo, distribución de jornada y movilidad geográfica; modifica el contenido de los acuerdos que se establecieron en los pactos individuales y colectivos (salario, jornada...) lo que puede provocar la sangrante opción de muchos trabajadores entre ver reducida su retribución y la protección social futura o engrosar la estadística de desempleados, sin garantía de recuperación de las condiciones de aquella transacción si posteriormente el empleador decide extinguir contratos tras nueve meses de disminución de ingresos o ventas.
La nueva regulación pretende limitar, una vez más, las facultades del juzgador para valorar la finalidad y/o razonabilidad de la extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, eliminando los elementos de causalidad finalista, cuando la empresa alegue disminución de ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, ello limitará la tutela judicial ante el despido y desincentivará el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales.
Esta nueva degradación de la causalidad en el despido, junto a la introducida por el nuevo contrato “indefinido para emprendedores” y a la supresión de la autorización administrativa en despidos colectivos, es contraria al derecho constitucional al trabajo que consagra el art. 35 de la Constitución Española que, como ha recordado el Tribunal Constitucional, integra el derecho a no ser despedido sin justa causa, lo que nos sitúa también al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio 158 de la OIT.
La reforma introducida por Real Decreto Ley 3/2012, como la anterior contenida en la Ley 35/2010 y las que a esta sucedieron, no servirá para crear empleo estable, no combatirá la dualidad del mercado de trabajo e introduce un peligroso desequilibrio entre las partes de la relación laboral, poniendo en peligro la existencia misma del Derecho del Trabajo y la de los valores constitucionales de los que ha venido nutriéndose.
Nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario. Seguiremos sin duda en esa línea, obviando las muestras de desconfianza del legislador materializadas en las reformas introducidas a la ley procesal, aún desde la insostenible carga de trabajo que estamos soportando.
16 de febrero de 2012
El Secretariado de JpD
Jueces para la Democracia
jpd@juecesdemocracia.es
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